El mensaje parece ser claro: nadie es intocable en Nicaragua. A excepción, claro, de él. Daniel Ortega ha decidido avanzar ahora contra los empresarios de su país que se atrevan a desafiarlo, después de una razia contra candidatos que podrían desafiarlo en las próximas elecciones del mes de noviembre.

El martes, la policía de Nicaragua detuvo al presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, quien fue arrestado por “incitar a la injerencia extranjera”, en base a una ley que el gobierno de Daniel Ortega aplica a los opositores.

Rivas, también director de operaciones del Grupo Promérica que aglutina a varias entidades financieras en el continente, se suma a otros 15 detenidos por la policía en los últimos días, entre aspirantes a la presidencia y críticos del gobierno.

De acuerdo con un comunicado de la policía, Rivas es investigado, entre otros delitos, por “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.

El Banpro Grupo Promérica afirmó en un comunicado que opera en Nicaragua con “apego a las leyes vigentes”. “Estamos seguros de la calidad moral del Dr. Rivas y confiamos en que se podrá esclarecer su situación”, agregó.

Rivas, señalado por “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”, es la segunda figura del mundo empresarial en ser detenida en el país centroamericano.

El líder del gremio empresarial, José Adán Aguerri, fue detenido hace una semana bajo los mismos cargos. Aguerri había liderado una mesa del diálogo de 2018 por parte de los empresarios para hallar una solución a la crisis política.

El Banpro, fundado en 1991, es uno de los bancos más importantes de Nicaragua y miembro del Grupo Promérica, con subsidiarias en Centroamérica y América del Sur.

Según el diario El País, la justicia nicaragüense también investiga a 13 ex directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento ligado al sector privado, que publica análisis sobre la situación económica del país. El jueves, una jueza ordenó levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y prohibir la salida de Nicaragua de esos 13 empresarios.

Entre los investigados están dos de los empresarios más poderosos de Nicaragua, José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo. Una jueza de Mangua les ha impuesto retención migratoria y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Reclamos de la OEA y EEUU

La detención de Rivas se produjo después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidiera la “inmediata liberación” de los opositores detenidos y condiciones para la realización de elecciones libres y justas el 7 de noviembre.

“A través de la votación de ayer, los miembros de la OEA dejaron claro que las acciones de Ortega y [su esposa la vicepresidenta Rosario] Murillo no tienen cabida en este hemisferio, dados nuestros compromisos compartidos con la democracia y los derechos humanos”, apuntó el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado.

La seguidilla de arrestos en Nicaragua comenzó el 2 de junio con la detención de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), a quien acusan de lavado de activos. Junto a ella fueron detenidos los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro Walter Gómez y Marcos Fletes.

Más tarde fueron detenidos el ex diplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana.

Esta semana fue detenido el ex vicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco, acusado de incitar la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y celebrar las sanciones contra miembros de la dictadura.

El fin de semana se había producido la mayor oleada de arrestos, cuando la policía detuvo a seis dirigentes del movimiento opositor Unamos, antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), incluido Tinoco, los ex guerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres y tres mujeres dirigentes de Unamos: Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila.

A ellos le siguieron Violeta Granera, destacada activista, y un día después José Pallais, uno de los juristas más lúcidos del país.

El gobierno considera que los opositores detenidos bajo cargos de “incitar a la intervención extranjera” son “usurpadores” financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente Ortega.

Ortega, ex guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional que acabó con a dictadura de los Somoza, gobernó entre 1979 y 1990 y regresó al poder en 2007, donde permanece tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en las elecciones de de noviembre.

La oposición y la comunidad internacional le acusan de encabezar un gobierno autoritario tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.

“El voto abrumador en la OEA contra el régimen Ortega-Murillo envía un mensaje claro y contundente: liberar a los presos políticos, cesar la represión y realizar elecciones libres y justas”, dijo Blinken. El sandinismo, por su parte, aseguró esta semana que Nicaragua celebrará elecciones generales “libres, justas y transparentes” y exigió “la no injerencia de cualquier gobierno extranjero” en el proceso.

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