“Ya hemos tenido suficiente”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis durante una rueda de prensa acerca de la decisión del gobierno federal de imponer la obligatoriedad de estar vacunado a toda persona que trabaje en una empresa con al menos 100 empleados, o hacerse un test de COVID 19 al menos una vez a la semana.

Pero de la queja DeSantis pasó a la acción y anunció que demandará a la administración Biden por la imposición de la obligatoriedad de vacunación contra el COVID 19 para el mercado laboral, que entrará en vigor a comienzos del 2022.

De esta manera, el gobernador de Florida se suma a sus colegas de Alabama y Georgia, que junto a un grupo de empresarios que ya iniciaron acciones legales contra el mandato de vacunación obligatoria o pruebas semanales para aquellos en empresas con más de 100 trabajadores. Pero DeSantis va más allá, y además desde Florida demandará al gobierno federal por otro mandato que aprobaros mediante el cual exigen estar vacunados a todos los trabajadores médicos que trabajen con pacientes que tienen seguros médicos federales, como Medicare y Medicaid.

“Creo que la gente está tan cansada de que les impongan cosas, mandatos, restricciones, y que constantemente estén mandándoles nuevas reglas. Ya hemos tenido suficiente, estamos cansados y queremos que las personas vuelvan a tomar sus propias decisiones”, afirmaba enérgicamente el gobernador DeSantis.

DeSantis es un ícono del movimiento conservador en el país, y -para muchos- un firme candidato a la presidencia para el 2024, que durante toda la pandemia ha mantenido una postura anti-cierres oponiéndose abiertamente a la postura del presidente Joe Biden. Era esperable que llevara este tema a cortes.

Pero este enfrentamiento tiene a las empresas de Florida en una suerte de limbo sin saber qué es legal y qué no. Ocurrió ya con las compañías de cruceros, que operan principalmente desde Florida, a quienes los CDC les recomendaban pedir prueba de vacunación a todos los pasajeros para asegurarse que el 95 por ciento de las personas a bordo estuviera inoculadas, pero el gobierno de Florida les prohibía pedir esas pruebas. El caso llegó hasta las cortes y en última instancia se determinó que las empresas de cruceros podían pedir la prueba de vacunación.

Con este nuevo enfrentamiento Tallahassee-Washington, las empresas vuelven a quedar en un limbo. Dentro de dos semanas habrá una sesión especial de la legislatura en la capital de Florida para pasar normas estatales que limiten la capacidad de las empresas privadas de diseñar sus propias políticas contra el COVID 19. La idea de DeSantis es que no haya restricciones por el virus, algo que no resuena del todo bien inclusive entre el movimiento conservador, donde algunos destacan que las empresas privadas tienen que tener derecho a decidir cómo quieren actuar.

Pero más allá de lo que ocurra internamente en Florida, con respecto al mandato federal, DeSantis confirmó que no destinará ni un dólar del dinero de los contribuyentes de su estado para hacer cumplir ese mandato y que en Florida ninguna empresa pagará multas si es que no está exigiéndole a sus empleados estar vacunados.

La fiscal general del estado, Ashley Mood, ha calificado el mandato de Biden como “autoritario”, siendo un poco más cautelosa que el gobernador que directamente ha dicho que es “inconstitucional e ilegal”.

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