A pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la entrada en vigor de una ley de Texas que permitía la detención y expulsión de migrantes hasta nuevo aviso, recientemente se informó que el tribunal decidió permitir su aplicación.

Con esta disposición, que permite a la policía del estado arrestar a personas sospechosas de cruzar la frontera de manera irregular, los seis jueces conservadores del tribunal rechazaron una apelación de la administración Biden, que buscaba bloquear la ley mientras se lleva a cabo un proceso de impugnación en tribunales inferiores.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, se pronunció al respecto a través de X, antes Twitter, calificando la decisión como un «acontecimiento positivo», aunque señaló que aún queda por ver qué sucede con el proceso en la corte de apelaciones. Elon Musk respondió a su mensaje diciendo: «Es una locura que no haya sido una decisión unánime, pero aun así es buena».

En su declaración, la jueza Sonia Sotomayor expresó que permitir que la ley de inmigración de Texas entre en vigor «invita a más caos y crisis». Afirmó: «Texas aprobó una ley que regula directamente la entrada y expulsión de no ciudadanos e instruye explícitamente a sus tribunales estatales a ignorar cualquier procedimiento federal de inmigración en curso. Esa ley altera el equilibrio de poder federal-estatal que ha existido durante más de un siglo, en el que el Gobierno Nacional ha tenido autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos».

Sotomayor expresó su preocupación de que esta ley «perturbará las delicadas relaciones exteriores, frustrará la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizará los esfuerzos federales de aplicación de la ley, socavará la capacidad de las agencias federales para detectar y monitorear amenazas inminentes a la seguridad, y disuadirá a los no ciudadanos de denunciar abusos o trata».

La ley de Texas, conocida como SB 4 en ocasiones, faculta a los tribunales estatales para ordenar la deportación de inmigrantes que ingresen al estado sin autorización, y otorga a las autoridades locales la autoridad para arrestar a quienes crucen irregularmente la frontera sur con México. La administración, grupos de derechos civiles y el condado de El Paso impugnaron la ley, argumentando que interfería con el poder del gobierno federal para establecer la política de inmigración y conducir asuntos exteriores.

La procuradora general Elizabeth B. Prelogar, en representación de la administración Biden, ha dicho que la ley de Texas equivaldría a «una interferencia con la capacidad de la nación para hablar con una sola voz en asuntos internacionales» y «dañaría significativamente la relación de Estados Unidos con México». Prelogar añadió que la ley «perturbaría fundamentalmente el régimen federal de inmigración al permitir que un solo estado tome determinaciones unilaterales con respecto a la entrada y expulsión» de migrantes.

Este caso es parte de una batalla legal entre el Departamento de Justicia de la administración de Joe Biden y el gobierno del estado de Texas, liderado por Abbott, a quien acusan de excederse en sus atribuciones al ejercer control sobre las fronteras, que están bajo jurisdicción federal. El gobernador ha militarizado un parque en la ciudad de Eagle Pass con acceso al río Grande, frontera natural entre Texas y México, ha tendido cercas de alambre de púas en un tramo de la ribera e inició la construcción de una base militar.