Obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos (Green Card) permite a los inmigrantes vivir y trabajar en el país sin límite de tiempo. Sin embargo, este estatus no confiere los mismos derechos que la ciudadanía estadounidense. Las autoridades federales establecen limitaciones que, si se incumplen, pueden poner en riesgo el estatus migratorio o generar consecuencias legales.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los residentes permanentes deben cumplir con normas específicas que regulan su conducta cívica, sus viajes internacionales y su relación con el sistema legal y gubernamental. Entre las restricciones figuran la imposibilidad de votar en elecciones federales, el impedimento para ocupar cargos públicos, la obligación de mantenerse físicamente presentes en el país, y las limitaciones para acceder a determinados programas de asistencia social.

Por otra parte, los inmigrantes indocumentados enfrentan un marco legal más estricto. No tienen autorización para trabajar legalmente, están excluidos de la mayoría de beneficios federales y pueden ser objeto de detención y deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas restricciones están documentadas en las normativas migratorias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el USCIS y el ICE.

El USCIS señala que los residentes permanentes no pueden participar en elecciones federales, ni en elecciones estatales o locales donde la ley lo prohíba. Votar sin ciudadanía constituye una violación de las leyes migratorias y puede resultar en la pérdida de la Green Card, la imposibilidad de naturalización o incluso la deportación. Esta prohibición se basa en disposiciones constitucionales y legales federales que reservan el derecho al voto a ciudadanos estadounidenses.