En Carandiru, la cárcel más grande y superpoblada de América Latina, todo era monstruoso. Tenía una capacidad para 3.250 presos, pero para mediados de 1992 había casi siete mil, de los cuales más de dos mil estaban hacinados en el Pabellón Noveno.

Muchos de los reclusos no tenían condena firme, sino que estaban detenidos a la espera del juicio. A cargo de la cárcel estaba el director José Ismael Pedrosa, un hombre de extensa trayectoria en el Servicio Penitenciario brasileño, en cuya foja de servicios se combinaban las felicitaciones de las autoridades con denuncias de represión injustificada y violaciones de los derechos humanos. Así estaban las cosas, cuando dio la orden que provocó la mayor masacre de la historia carcelaria de Brasil: 341 policías militares, armados con armas pesadas cargadas con munición letal y acompañados por perros entrenados, entraron a la cárcel –ubicada en pleno centro de Sao Paulo- dispararon contra los presos y en apenas 20 minutos mataron a 111 e hirieron a otros 110. De los muertos en la masacre, 89 estaban encerrados con “prisión preventiva” y el promedio de edad de las víctimas se calculó en 22 años. Esos datos fueron arrojados por según el informe oficial, porque los testimonios coinciden en que los muertos fueron muchos más.

Si se quiere hacer una comparación de la magnitud de esa carnicería, en la Argentina la Masacre del Pabellón Séptimo de la Cárcel de Devoto, ocurrida el 14 de marzo de 1978, según las cifras oficiales tuvo un saldo de 64 prisioneros muertos, casi todos devorados por las llamas que se propagaron en el recinto cerrado sin que nadie hiciera el más mínimo gesto para auxiliarlos.

Todo comenzó la tarde del viernes 2 de octubre de 1992, cuando un partido de fútbol derivó en una pelea entre presos que pronto se convirtió en un tumulto que tuvo su epicentro en el Pabellón Noveno. Hubo peleas a golpes y también con armas blancas, y algunos presos iniciaron fuego prendiendo un colchón. Según la versión que dieron las autoridades, se trataba de un motín, pero ninguno de los testimonios recogidos entre los sobrevivientes permitió corroborarlo. La mayoría dijo que fue una pelea entre dos presos que fue escalando y que nadie tenía la intención, ni la posibilidad, de tomar la cárcel.

Aun así, en lugar de resolver la situación con sus propias fuerzas o pidiendo refuerzos al servicio penitenciario, el director Pedrosa pidió a la Policía Militar (PM) que reprimiera “el motín”. La misión recayó en el coronel Ubiratan Guimarães, que se puso al mando de tres batallones de la PM y, además, pidió un refuerzo de soldados al Ejército. Y todo se desmadró.